martes, 14 de diciembre de 2010

Caso Digna Ochoa: estado de excepción

La justicia viene de otra parte, si viene...en México y en América Latina, quizá algún día los pueblos tengan su propio tribunal de justicia, no sobornable por las encuestas electorales.

Javier Hernández Alpízar | Zapateando |

Hace poco comentamos una de las fugas o filtraciones por las que tienen ahora preso al fundador de Wikileaks Julian Assange. Se trata de una comunicación de un militar de alto rango en México (el general Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional) al director de Inteligencia Nacional (espionaje) de los Estados Unidos Dennis Blair.


Según ese cable filtrado en inglés por Wikileaks y publicado completo en español en el blog de la escritora Malú Huacuja del Toro, el militar mexicano le confía al espía yanqui que en México les estorba el artículo 29 constitucional para suspender las garantías individuales (los derechos humanos), como la libertad de expresión, la de prensa, de asamblea, de aprobación de leyes y otras.


Comentamos que esa suspensión de las garantías individuales y la consiguiente violación masiva, estructural y deliberada de los derechos humanos ha ocurrido de hecho, desde la masacre de Tlatelolco en 1968 hasta los asesinatos cometidos contra civiles en retenes o en “investigaciones” militares antidrogas en todo el país en este sexenio.


Hay una presencia del estado de excepción muy antigua, desde el derecho romano, un derecho imperial, autoritario, militarista, y base de la mayor parte del derecho en Occidente en la actualidad.

Cuando un ciudadano romano faltaba a los más sagrados principios del Imperio (lo que hoy llamaríamos “traición a la patria”) quedaba en “estado de excepción”, es decir, cualquiera podía matarlo impunemente, porque el estado romano y su derecho le retiraban su protección legal. Así procedieron, por ejemplo, los soldados los nazis alemanes, al salir de retirada en Italia, asesinaron a campesinos italianos desarmados en lo que se conoce como masacre de Monte Sole, un crimen de guerra prácticamente impune. Esto puede verse en el documental de Germano Maccioni “Lo Stato de Eccezione”.


En México, cada zona donde un ciudadano o un grupo de ellos, una colectividad, una comunidad, una organización, es asesinado o asesinada, y luego los culpables quedan impunes, es porque se trata de un crimen de estado, como ocurre con las masacres, los asesinatos, las desapariciones forzadas, la tortura y la prisión política, es una zona donde opera el estado de excepción.


Recientemente comentamos el fallo de la Procuraduría General de Justicia del DF, cuyo titular es Miguel Mancera, al declarar por segunda vez que Digna Ochoa “se suicidó”, y por ende, no hay asesino, no hay otro autor material ni intelectual, con lo que cierran el caso; al menos por lo que al gobierno de Marcelo Ebrard concierne, porque sus familiares llevarán su inconformidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Lo que Digna Ochoa hizo como abogada y defensora de derechos humanos fue intentar evitar la impunidad por las violaciones a derechos humanos realizadas por un estado de excepción de facto contra quienes el estado considera sus detractores, enemigos, y a quienes se arroga el derecho de tratar como no sujetos de derechos y garantías constitucionales. Para que el estado pueda realizar esas suspensiones de derechos humanos por la vía de los hechos, la presencia de defensoras de derechos humanos com Digna Ochoa es incómoda.


Hacer justicia por su feminicidio, encontrar y castigar a los verdaderos culpables –en lugar de criminalizar a la víctima y enlodar su memoria como hace el gobierno del DF– sería una actuación que buscara evitar que funcione esa impunidad y ese estado de excepción anticonstitucional. Eso es lo que no le interesó a los gobiernos de López Obrador y de Ebrard. Entre dar un mensaje a los ciudadanos de que sus derechos no pueden ser suspendidos y que deben ser defendidos y dar un mensaje a los poderes de facto de que las reglas no escritas serán respetadas, en caso de llegar a los Pinos, ambos candidatos a la presidencia, en sus respectivos gobiernos, prefirieron respetar a los poderes de facto, a esos poderes de facto, la mafia, que en su palabrería no se cansan de retar (¿recuerdan a Fox pateando un dinosaurio de globo?).


En el caso de Italia, el gobierno italiano de la posguerra dejó en la impunidad los crímenes de guerra fascistas por defender el principio de autoridad… Por no tocar ese principio de autoridad los gobiernos que en México se dicen de “izquierda” dejan impunes a los poderes de facto. Esperamos equivocarnos, pero ahora en Oaxaca el gobierno de alianza PRD -PAN va a repetir esa historia.


La justicia viene de otra parte, si viene. En Europa tienen el Tribunal Permanente de los Pueblos; en México y en América Latina, quizá algún día los pueblos tengan su propio tribunal de justicia, no sobornable por las encuestas electorales.