Rosalía Vergara
MÉXICO, D.F., 8 de diciembre (apro).- La familia de la activista de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, anunció que en marzo próximo presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un recurso contra el fallo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre la muerte de la abogada, ocurrido el 19 de junio de 2001.
La Procuraduría capitalina determinó el pasado 26 de noviembre que la abogada veracruzana “se suicidó”.
En conferencia de prensa, familiares de Digna Ochoa rechazaron el falló y lamentaron que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, tenga entre sus colaboradores al “peor procurador de Justicia”, Miguel Ángel Mancera.
Jesús Ochoa, hermano de la activista, y su representante legal, David Peña, denunciaron que los peritajes del caso han sido contradictorios y están plagados de descalificaciones.
Por esa razón, precisaron, en marzo próximo solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia de admisibilidad del caso.
En 2007 se reabrió la investigación en cumplimiento de una sentencia de amparo del 2005, pero pese a que en el expediente FDCUAH/03/USD04/2576/2001-10 se admitieron las pruebas ofrecidas por la familia y su defensa, el contenido de estos peritajes no fue valorado por la PGJDF en su determinación del 26 de noviembre.
El expediente consta de tres grupos de peritajes: los de 2001, elaborados por personal de la Procuraduría capitalina que apuntan en su conjunto que se trató de “un homicidio”; los peritajes del 2003, en que se sostuvo la hipótesis del suicidio, y los aportados en el 2005 por la familia Ochoa y Plácido, en que se refrendó la tesis del homicidio.
Sin embargo, en la reciente resolución de la PGJDF sólo se da valor probatorio a los peritajes levantados en 2003, sin que para ello medie un proceso de contradicción o análisis detallado, se quejaron Jesús Ochoa y David Peña.
Criticaron que la determinación de la PGJDF, plasmada en mil 800 cuartillas, se concentre en analizar la vida sexual, familiar, laboral, personal y académica de la abogada, y no se planteen líneas de investigación, sino sólo como elementos y testimonios del "entorno" en el que se desarrollaba la defensora de los derechos humanos y como base para sustentar la tesis del suicidio.
Toda esta información, y la acumulada desde hace nueve años, advirtieron, será enviada a la CIDH para solicitar formalmente la admisibilidad del caso en el marco del periodo de audiencias de marzo del 2011, con la finalidad de que esa instancia internacional analice el fondo del asunto.
