domingo, 18 de octubre de 2020

19 años de la ejecución extrajudicial de Digna Ochoa


Hoy recordamos a Digna Ochoa y Placido, abogada y defensora de derechos humanos. Ella litigó casos como Acteal en Chiapas (1997) y el de los hermanos Cerezo.

A consecuencia de su labor, fue amenazada y ejecutada extrajudicialmente por el Estado mexicano.

Si no recurrimos al ejercicio de la memoria, estamos expuestos a que sigan ocurriendo casos de ejecuciones de defensores de #DDHH
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miércoles, 26 de febrero de 2020

Familiares de Digna Ochoa confían en que la Coridh haga justicia

 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de febrero de 2020, p. 6
La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del caso de la muerte de la abogada Digna Ochoa no sólo representa la oportunidad de demostrar que se trató de un asesinato y no de un suicidio, sino también de comprobar que hay elementos para hablar de un crimen de Estado, señalaron los familiares de la víctima y la organización civil que los acompaña.
En conferencia de prensa, David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADHJS), recordó que desde el asesinato de Ochoa, ocurrido en 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió de oficio un expediente para analizar de qué forma se llevó a cabo la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre el caso, instancia que clasificó lo ocurrido como un presunto suicidio.
Sin embargo, recordó el abogado, en mayo de 2019 la CIDH emitió un informe de fondo en el cual señaló que las autoridades capitalinas habían cometido irregularidades graves en la indagatoria, entre ellas no investigar las amenazas previas en contra de Digna Ochoa, por lo que emitió una declaración de responsabilidad del Estado mexicano.
Jesús Ochoa, hermano de Digna, destacó que al llegar el caso a la Coridh, hoy existe la posibilidad de ofrecer las pruebas que guardamos con mucho celo para que investigaran un probable asesino. Esto no fue más que un crimen de Estado.
En el mismo sentido, la abogada Karla Michel Salas, también integrante del GADHJS, coincidió en qué hay muchos elementos para decir que fue un crimen de Estado, al no haberse agotado las líneas de investigación que sugerían un probable caso de homicidio.
Las fallas en la indagatoria ocurrieron, señaló, a pesar de que en el caso hubo una sobreinvestigación, pues el expediente consta de más de 50 mil fojas y se realizaron 269 peritajes, después de los cuales las autoridades capitalinas señalaron que la defensora de derechos humanos se había suicidado, pero además había tratado de fingir que su muerte había sido un asesinato.
Salas recordó que otra falla grave de los gobiernos de la capital y el federal fue no haber protegido a los testigos que señalaron la existencia de amenazas contra Ochoa –lo que provocó el asesinato o desaparición de cuatro de ellos– y la estigmatización de género de la cual fue víctima la abogada para hacerla responsable de su propia muerte.
Tras el informe de la CIDH, autoridades capitalinas se dijeron dispuestas a retomar las investigaciones, señalaron los litigantes.

miércoles, 19 de febrero de 2020

La CIDH pedirá reabrir el caso Digna Ochoa

Periódico La Jornada
Miércoles 19 de febrero de 2020, p. 10
La CIDH anunció que solicitará al Estado mexicano la reapertura de la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, quien perdió la vida en octubre de 2001 en condiciones no del todo aclaradas, lo cual llevó a las autoridades a declarar el caso como un suicidio. En un informe reciente sobre el tema, la CIDH indicó que tras analizar las indagatorias que se hicieron por más de 10 años del caso, determinó la existencia de una serie de irregularidades graves en la investigación en función de la parcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la investigación que determinó que la muerte de la señora Ochoa fue suicidio.