Gobierno anuncia la reapertura del caso Digna Ochoa

Ciudad de México. El Estado mexicano confirmó su decisión de presentar a la representación de la familia Digna Ochoa y Plácido –abogada y activista muerta el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México- un Convenio de Reparación Integral, mismo que contendrá doce líneas de acción, entre ellos la reapertura de las investigaciones con enfoque de género.

En un comunicado conjunto, donde se reconoce la responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales de la abogada, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores refrendaron el compromiso ineludible del Estado mexicano a favor de la defensa de los derechos humanos.

“Muestra de ello es que, por primera vez, el Estado ha aceptado todas las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un Informe de Fondo”, indica el comunicado conjunto, el cual hace referencia a la audiencia pública celebrada este lunes y martes, en el marco del 141 Período Ordinario de Sesiones de dicha Corte.

Indica también que como obligación y convicción del Gobierno de México, se acordó generar una ruta para reabrir la investigación para determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora Ochoa y Plácido, la cual incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, contando con la participación de la familia y la de su representación legal.

La Secretaría de Gobernación dijo reconocer la apertura y disposición de las personas víctimas y de su representación para generar un diálogo transparente a fin de avanzar con las medidas de reparación integral.

“El Gobierno de México reitera su compromiso con el Sistema Interamericano como herramienta complementaria para velar por el mejor interés de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos”, concluye el comunicado conjunto.

Acepta el Estado mexicano fallas en las pesquisas del caso Digna Ochoa

Se violaron dos convenios, reconoce

Plantearán un acuerdo de reparación que incluye indemnización económica a la familia y la reapertura de las investigaciones con perspectiva de género

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Miércoles 28 de abril de 2021, p. 5

El Estado mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) su responsabilidad por las fallas en la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa y Plácido y se manifestó dispuesto a que se reabra la indagatoria para llegar a la verdad y la justicia en dicho caso.

Durante la segunda audiencia sobre el tema, realizada ayer a distancia, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, reconoció la condición de víctima de Digna Ochoa y admitió la responsabilidad del Estado en la violación de diversos artículos de al menos dos convenios internacionales de derechos humanos.

El funcionario admitió que en la pesquisa realizada sobre la muerte de la abogada y activista –ocurrida el 19 de octubre de 2001– hubo violaciones al debido proceso legal, pues no fue realizada con perspectiva de género ni visión de derechos humanos, además de que se difundió una imagen negativa de la víctima tras su fallecimiento.

De igual manera, reconoció el sufrimiento que ha generado en la familia de Ochoa y Plácido la impunidad en que el caso ha quedado por casi 20 años.

Sin embargo, también cuestionó los argumentos de la familia y los representantes de la abogada de que el contexto general de agresiones contra defensores de derechos humanos no ha cambiado desde el momento de la muerte de Digna hasta la fecha, y que las autoridades no actuaron para proteger a la víctima.

La delegación del Estado señaló que, además de una indemnización económica a la familia, planteará un acuerdo de reparación que comprenda la reapertura de la indagatoria con enfoque de género, perspectiva de derechos humanos y aportaciones de la familia, a través de un plan de investigación eficaz y diligente.

Karla Michel Salas y David Peña, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, saludaron la voluntad política del Estado mexicano por el reconocimiento parcial de su responsabilidad en este episodio, pero externaron su preocupación por el hecho de que autoridades afirmen que el contexto de violaciones graves no es el mismo hoy que el existente en la época de la muerte de Ochoa.

De igual forma, lamentaron que el Estado no considere que se vulneró el derecho a la integridad personal y la vida de Digna, a pesar de las intimidaciones y ataques que sufrió la activista, y condicionaron el reconocimiento del derecho a defender derechos humanos a que no se les acuse de violar esa garantía en el caso de Ochoa.

México reconoce su responsabilidad en el caso de la muerte de la activista Digna Ochoa en 2001

La Cancillería mexicana anuncia en el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que propondrá reabrir la investigación para saber si se trató de un homicidio

GEORGINA ZEREGA

Imagen de archivo de una manifestación para condenar la muerte de Digna Ochoa en México.CHRISTIAN PALMA / CUARTOSCURO

El Estado mexicano ha reconocido este martes su responsabilidad parcial en el caso de la muerte violenta de Digna Ochoa y Plácido, una defensora de derechos humanos cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su oficina de Ciudad de México en 2001. Durante la segunda audiencia del juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Cancillería mexicana ha admitido haber violado el derecho a la honra y la dignidad de la activista y ha anunciado que propondrá a la familia reabrir la investigación dos décadas después para saber si se trató de un homicidio. La muerte de Digna Ochoa causó a principios de siglo gran conmoción y su caso puso el ojo en la forma en que actuaba el Ejército, que en aquel entonces comenzaba a acumular denuncias de violaciones a los derechos humanos.

“Es muy importante lo que pasó hoy porque el Gobierno mexicano ha admitido falencias en la investigación, ha reconocido que no se investigó la muerte violenta de Digna”, explica la abogada Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) que defendió a la familia Ochoa y Plácido. La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, encabezada por el asesor Alejandro Celorio Alcántara, ha reconocido además que hubo violaciones al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. “También reconocieron que la manera en que llevaron adelante la investigación fue violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad de ella”, agrega la letrada.

Ochoa fue hallada muerta cuando tenía 37 años en un despacho de la colonia Roma, el 19 de octubre de 2001. La primera línea de investigación, explican los abogados de la familia, apuntaba a un asesinato. El primer móvil era un crimen de Estado por el tipo de trabajo que realizaba”, dice Karla Michel Salas, abogada defensora y miembro del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. “Sin embargo, en 2002 hubo un giro en el que la autoridad cambió la hipótesis a un suicidio. Y para llegar a esta conclusión, la procuraduría de Ciudad de México manipuló peritajes. Lo ridículo de esta idea es que, no solo se suicidó, sino que previo al suicidio fabricó una escena para aparentar un homicidio. Carece de todo tipo de seriedad”, agrega.

En el momento de la muerte de la defensora de derechos humanos, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ocupaba el cargo de jefe de Gobierno de la capital mexicana. Una década después del fallecimiento, la investigación fue cerrada cuando Miguel Ángel Mancera, en aquel entonces del mismo partido, gobernaba la ciudad. “No hubo un interés de las autoridades de investigar la participación de miembros del Ejército mexicano en el asesinato de Digna. Tiene que ver con no tocar a determinados grupos de poder, como lo son los militares”, dice Salas. Por aquellos años, las Fuerzas Armadas comenzaron a acumular denuncias por violaciones de los derechos humanos a lo largo y a lo ancho del país.

Ochoa era una educadora nacida en Veracruz que estudió abogacía y se dedicó a defender los derechos humanos después de sufrir un trauma familiar: su padre fue secuestrado en 1982 por la policía ministerial del Estado y torturado durante tres días seguidos. “Nosotros éramos 13 hermanos, mi padre era campesino y no había recursos suficientes para pagar abogados. Eso fue lo que hizo que Digna cambiara su idea y quisiera ser abogada”, recuerda Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la mujer. Los 20 años que lleva buscando una respuesta ”han sido bastante complicados”, dice. “La sed de justicia fue la que nos mantuvo activos. Hoy estamos ante el momento histórico de que la Corte nos escuche y dicte una sentencia a favor para reabrir el caso y conocer los responsables de su muerte”.

El caso de Digna Ochoa retrata con dureza las deficiencias de la justicia mexicana. Los Gobiernos de diferentes colores que pasaron a lo largo de 20 años —Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel López Obrador (2018-2021)— no supieron dar ninguna respuesta sobre lo sucedido ni reparar el daño a la familia. Tampoco supieron resguardar la vida e integridad de dos campesinos testigos del caso de Digna Ochoa. Uno de ellos, amenazado por el Ejército tras señalar a un cacique local, fue asesinado en 2011 cuando gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La otra testigo, una mujer que grabó el último video de Ochoa en que se va a militares increpándola por su actividad en la sierra de Guerrero, fue secuestrada tiempo después de declarar ante la Fiscalía y permanece desaparecida desde entonces. “La audiencia de este martes es un acto de justicia y es un acto simbólico. Representa para la familia de Digna la posibilidad de acceder después de una agonía de 20 años a la justicia. Pero también es un momento simbólico para los defensores de derechos humanos que crecimos leyendo sobre el trabajo de ella”, dice la abogada Salas.

Bajo la idea de reparar a los hermanos y padres de la activista, la Cancillería ha prometido que presentará en el próximo mes —de acuerdo al plazo establecido por la Corte— una propuesta que incluirá la reapertura del caso judicial en México 20 años después. La audiencia estuvo cargada de momentos emotivos. La mayoría de los defensores de la familia habían sido compañeros de trabajo de Digna Ochoa. “Su vida y su muerte marcó una generación entera de defensores de derechos humanos en México”, señaló Krsticevic durante la audiencia, “desafortunadamente su inquebrantable labor le valió la animadversión de quienes veían sus intereses en riesgo y le costó su vida”.

'Preocupante' que Estado defienda 'suicidio' en caso Digna Ochoa: abogados; CoIDH decidirá sobre fondo: SRE

Los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, así como Jesús Ochoa -hermano de Digna Ochoa- consideraron 'preocupante' y 'lamentable' que el Estado mexicano defienda la tesis del suicidio en el caso de la muerte de la defensora de Derechos Humanos, ocurrida en octubre de 2001.

• Redacción AN / MDS
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  La abogada Karla Micheel Salas consideró que la audiencia celebrada este lunes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la muerte de la defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa -en octubre de 2001- fue buena para la pretensión de justicia en torno al caso, así como mala para el Estado y para la sociedad.

  Lo anterior, porque las autoridades, lejos de realizar un buen papel, cometieron actos de revictimización al cuestionar lo que ha sido documentado, tanto por la Comisión como por la representación de las víctimas.

  Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que los representantes del Estado defendieron una investigación que no es seria y “absolutamente plagada de irregularidades”, por lo que ésta se debería reabrir.

  Confía en que en la audiencia de este martes, tras los alegatos de la defensoría de las víctimas, ya no quede duda de que Digna Ochoa fue asesinada, debido a que se expondrá que no tiene sustento la tesis del suicidio que sirvió de base para el cierre de la investigación.

  La abogada se dijo desconcertada frente a la posición del Estado que, por un lado, reta a las víctimas y a la Corte como hizo este lunes el abogado Alejandro Celorio Alcántara, consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por el otro, personas destacadas de la 4T que hoy ocupan espacios muy importantes, “en años anteriores, e incluso me atrevería a decir en estos meses recientes, han señalado siempre estás incongruencias de la investigación”.

  Mexico defiende investigacion sobre caso Digna Ochoa aunque esta plagada de irregularidades: Salas

  La abogada Karla Micheel Salas Ramirez sostuvo que la representacion del Estado mexicano defendio la investigacion del caso Digna Ochoa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso con actos de revictimizacion y elementos que no se sostienen.

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• Dijo que incluso la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, quien ha tenido una trayectoria como “persona preocupada y ocupada en los Derechos Humanos”, exigió públicamente el esclarecimiento del asesinato de Digna Ochoa, cuando ocupó la presidencia de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

  “Sabemos también que para el presidente de la República esta hipótesis del suicidio nunca tuvo sustento. En su momento, López Obrador señaló en medios de comunicación que para él no era creíble qué Digna Ochoa se hubiese suicidado. También sabemos que el propio canciller Marcelo Ebrard difícilmente va a defender a quien realizó la última determinación de no ejercicio de la acción penal, que es Miguel Ángel Mancera”, mencionó.

  Karla Micheel Salas puntualizó: “Entonces no entendemos quién representa al Estado mexicano, si es este señor Celorio que tiene claramente toda la intención de seguir discutiendo con la representación de las víctimas y también con los propios jueces de la Corte, o estas personas que actualmente tienen espacios tan importantes y que sabemos honran su trayectoria y su trabajo en esos espacios”. Sin embargo, espera que en la audiencia de este martes exista un cambio de posición.

  La defensa de las víctimas espera una sentencia condenatoria que no deje lugar a dudas de la responsabilidad del Estado mexicano y a partir de ese reconocimiento se determinen cuáles serán las medidas de reparación que éste tendrá que cumplir y que garanticen, además, la no repetición.

  “Precisamente lo que evidencia el caso Digna Ochoa es esta manipulación que existe hasta la fecha, por parte del Ministerio Público, de los dictámenes periciales. Para lograr investigaciones objetivas y científicas necesitamos que los peritos y las peritas no dependan de las fiscalías, que puedan actuar libre y autónomamente”, finalizó.

  Por su parte el abogado David Peña aseguró que es preocupante que se defienda la investigación veinte años después de la muerte de Ochoa y tras existir diversos estudios, dictámenes, peritajes especializados, opiniones de especialistas internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “donde se han encontrado todas estas contradicciones y todas estas falencias llamamos nosotros”.

  “Son gravísimos errores en la investigación. El Estado mexicano el día de ayer siguió sosteniendo todavía, ya ni siquiera sabemos si llamarla absurda o estúpida, la tesis del suicidio, pese a todas las inconsistencias y todas las fallas que hay en la investigación”, comentó.

• Calificó como “lamentable” la actuación del testigo del Estado, el Ministerio Público José Antonio Pérez Bravo que llevó parte de la investigación y que reconoció los errores de la misma desde el principio, como no haber preservado la escena del crimen o no haber hecho bien los dictámenes y que pese a ello defendió la tesis del suicidio.

  Enfatizó que el supuesto suicidio se llevó a cabo de un disparo con la mano derecha en la pierna izquierda y otro disparo con la mano izquierda en el cráneo, cuando Digna Ochoa era diestra únicamente.

  Peña recordó que estuvieron en pláticas con representantes del gobierno como la subsecretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado y que incluso hubo comunicación con el canciller Marcelo Ebrard para que se avanzara en una “posición congruente con el discurso de la 4T, congruente con este discurso en materia de cambio, de transformación institucional”.

  Mientras tanto, Jesús Ochoa, hermano de Digna Ochoa dijo que le pareció increíble que el Ministerio Público José Antonio Pérez Bravo defendiera la hipótesis del suicidio, luego de haber tenido la oportunidad de analizar todos los peritajes. Consideró que cuentan con la razón y que por ello nunca han dejado de exigir justicia.

  “Nosotros el día de hoy tenemos la certeza de que nuestros abogados, nuestros peritos en este caso -quienes van a dar el informe- van a cuestionar detalladamente todas las investigaciones y peritajes de la Fiscalía especializada en el caso de Digna Ochoa, que se vienen abajo por sí solos“, comentó.

  “Se va a demostrar técnica y científicamente que todo el trabajo que ellos realizaron fue incongruente y para nosotros lo que entendemos, no somos peritos pero sí lo entendemos, para nosotros queda muy claro que a Digna la asesinaron”, finalizó.

Cuestiona CoIDH la versión de suicidio de Digna Ochoa

Emir Olivares Alonso 

Primera jornada de la audiencia pública del Caso Familiares de Digna Ochoa y Plácido contra México que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de abril de 2021. Foto tomada del Twitter de @CorteIDH

Ciudad de México. Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) cuestionaron a uno de los principales agentes del Ministerio Público participantes en las indagatorias de la muerte de la defensora Digna Ochoa y Plácido sobre los elementos que llevaron a concluir que la activista se suicidó.

Durante la audiencia del caso en el seno de ese tribunal regional, los jueces manifestaron su extrañamiento ante las falencias de la investigación, porque sólo se consideraron como “contexto” las amenazas y secuestro que sufrió la defensora de derechos humanos previo al acto donde perdió la vida (el 19 de octubre de 2001), las deficiencias para el adecuado manejo de la escena y el cadáver, entre otros.

Este lunes se desarrolló la primera de dos partes de la audiencia –durante el 141 periodo ordinario de sesiones de la CoIDH— para analizar el asunto Digna Ochoa y familiares contra el Estado mexicano, después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara al tribunal la atracción del caso, debido a que a casi 20 años de los hechos no hay claridad sobre el presunto crimen de la activista.

Como parte de los testigos citados por la representación del Estado mexicano, participó en la audiencia José Antonio Pérez Bravo, quien estuvo al frente de parte de las indagatorias que llevó la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, cuya conclusión fue que Ochoa y Plácido se suicidó, pese a que se registraron tres disparos, uno de ellos que impactó en su pierna y otro en su cabeza.

El juez Eugenio Raúl Zaffaroni le espetó: "¿Cómo explica un suicidio con tres disparos?”. A lo que Pérez Bravo respondió: “Se nos dijo que Digna Ochoa accionó el arma en el sillón como una prueba de sonido, para ver si se acercaba una persona; después disparó en la pierna y en un tercer momento en el cráneo”.

El ex funcionario señaló que como parte de las indagatorias se siguieron varias líneas de investigación relacionadas con el trabajo de Ochoa y Plácido para descartar un crimen, como la defensa que hacía de otros activistas en Guerrero, la posible responsabilidad de militares, su entorno familiar y emocional, entre otras.

Aceptó fallas en el resguardo de la escena de los hechos y en el manejo del cadáver, y reconoció que las amenazas que pesaban sobre la activista y actos de intimidación y agresión que sufrió con anterioridad al día de los hechos (entre ellos un secuestro) sólo fueron considerados en las investigaciones como mero “contexto”.

La presidenta de la CoIDH, Elizabeth Odio Benito, cuestionó si se habían analizado las manos del cadáver de la activista para determinar si hubo o no rastros de pólvora (como se da cuando una persona acciona un arma de fuego), a lo que el testigo del Estado mexicano contestó que el cuerpo tenía guantes de látex y por tanto las pruebas de balística fueron negativas en el uso de un arma.

“¿Usted me dice que una persona que se va a suicidar se pone guantes?, dijo sorprendida la presidenta del tribunal interamericano, a lo que Pérez Bravo respondió: “En este caso así fue”.

La familia de Digna Ochoa y sus representantes legales insistieron que el análisis del caso en el seno de la CoIDH representa una oportunidad para que se ordene al Estado mexicano investigar la muerte de la activista, de forma independiente, imparcial y libre de estereotipos de género, con miras a revindicar su imagen, trabajo y memoria.

“La posible resolución de la Corte IDH es una oportunidad para que México fortalezca la institucionalidad para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo la creación de instancias y protocolos especializados para la investigación de delitos contra personas defensoras”.

Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, detalló el largo proceso que ha emprendido la familia para buscar justicia a casi 20 años de los hechos y confió en que la sentencia de la Corte pueda dar verdad y tranquilidad a su familia, así como castigo a los responsables de lo que él consideró fue un crimen, al igual de a quienes participaron en las indagatorias.

El Estado mexicano estuvo representado por Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien a nombre de las autoridades manifestó su solidaridad con la familia de la activista y “reiterarle la convicción y compromiso que nos unen en la búsqueda de la justicia y la verdad”.

Como parte de esta primera parte de la audiencia, que continuará mañana, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, presentó un informe por escrito sobre el contexto que en México enfrentaban los defensores de derechos humanos entre 1995 y 2005.

Y alertó que la situación y riesgos contra éstos se ha agudizado en los últimos años, pues los crímenes en su contra están en impunidad y la violencia va a la alanza, tan sólo en lo que va del gobierno actual, dijo, han sido asesinados 45 activistas.

Mañana continuará la audiencia con la presentación de otra perito experta, la colombiana Ángela Buitrago y los alegatos finales tanto de los representantes legales de las víctimas como de los funcionarios del Estado. Y se espera que entre octubre y noviembre de este año, la CorIDH emita la sentencia del caso

Audiencia Pública: CIDH

#AudienciaPública del Caso Familiares de Digna Ochoa y Plácido Vs. México

Lunes 26 y martes 27 de abril de 2021 - 08.00 horas (Costa Rica) - 09.00 (México).

Transmisión en vivo por las redes sociales de la Corte Interamericana.

Más información aquí: www.corteidh.or.cr/docs/tramite/ochoa_y_otros.pdf

Prevén que la Coridh ordenará reabrir el caso Digna Ochoa

Fernando Camacho Servín

 

Periódico La Jornada
Sábado 24 de abril de 2021, p. 9

Los próximos 26 y 27 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) realizará una serie de audiencias en las que muy probablemente le ordenará al Estado mexicano que reabra la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa, por haber evidencias suficientes de que la investigación sobre el caso estuvo mal realizada con el fin de ocultar que se trató de un asesinato y no de un suicidio simulado.

Así lo indicaron activistas y familiares de la víctima, quienes subrayaron la importancia de llegar a la verdad sobre la muerte, pero también de reivindicar el nombre de Ochoa, el cual fue enlodado en las pesquisas de la hoy extinta Procuraduría General de la República.

En conferencia de prensa, Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, enfatizó que tras el asesinato de Digna Ochoa, perpetrado el 19 de octubre de 2001 en la Ciudad de México, se llevó a cabo una indagatoria que a la fecha tiene más de 50 mil fojas, pero que no fue de forma adecuada.

La investigación se centró fundamentalmente en su vida personal y se enlodó su trabajo, cuando ella era una connotada defensora de derechos humanos que se había enfrentado a estructuras del poder público, como militares y caciques, recordó la litigante.

Buscamos la reapertura de la investigación, que cambie la narrativa y la imagen de Digna, construida mediante filtraciones y peritajes manipulados donde se establece que ella se suicidó. Digna fue asesinada como consecuencia directa de su lucha en defensa de los derechos humanos, recalcó.

Por su parte, Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, destacó que la instrucción al Estado mexicano de que reabra la investigación es prácticamente un hecho.

No creemos que sea posible que no reabran la investigación. Hemos presentado suficientes pruebas de que las indagatorias no se llevaron a cabo de manera adecuada y hay abundante información de que se basó en estereotipos de género; no se indagó en su trabajo, sino en su vida privada y hubo negligencias en el manejo de las pruebas, aludió.

Jesús Ochoa, hermano de Digna y representante de la familia, enfatizó que las audiencias del lunes y martes próximos “van a corroborar lo que hemos sostenido por 20 años: que a Digna la asesinaron el 19 de octubre de 2001.

Justicia Digna

A 20 años del asesinato de la defensora Digna Ochoa, reivindicamos su legado y seguimos exigiendo verdad y justicia.

#JusticiaDigna es justicia para todas las defensoras de #DDHH mesoamericanas.