Digna Ochoa: 18 años de violencia de la Procuraduría contra familias de las víctimas

¿La autoridad: experta en simular suicidios?

Oct 17, 2019

por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

El 19 de octubre de 2001, la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido fue encontrada muerta con varios disparos en su despacho de la Ciudad de México. 

Pese a las amenazas previas que había recibido, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó que se había suicidado, que era inestable emocionalmente y que ella misma había plantado todo para fingir su propio homicidio. 

El caso de Digna está hoy en la antesala de tribunales internacionales para determinar si el gobierno mexicano violó los derechos de su familia al acceso a la justicia. 

Además, lo que parecería ajeno pero no lo es, es que los personajes políticos que estuvieron involucrados en 2001, ahora siguen en el poder. 

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¿Quién era Digna Ochoa?

Durante décadas de litigio, las autoridades capitalinas se negaron a escuchar a la familia de Digna, que viajó desde Veracruz (de donde ella era originaria) a la capital del país para exigir que su muerte se investigara como un asesinato político, derivado de su labor como activista.

Esto porque desde la década de 1980, Digna acompañó legalmente varios casos en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, muchos de ellos, en los que estaban involucrados militares o agentes de seguridad. 

Algunos de esos casos fueron las masacres de  Aguas Blancas y el Charco (1995), en Guerrero; Acteal, en Chiapas (1997), y el de los ecologistas guerrerenses presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Antes de su muerte, Digna habría recibido amenazas. De acuerdo con los testimonios contenidos en el informe de admisibilidad del caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (del sistema de justicia internacional), el 9 de agosto de 1999, Digna fue secuestrada temporalmente por desconocidos, quienes le quitaron sus artículos personales.

El 3 de septiembre de 1999, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (conocido como Centro Pro), donde Digna trabajaba, recibió amenazas escritas. En uno de los sobres con las amenazas estaba una de las tarjetas personales de Digna y una credencial de elector que, al parecer, le habían quitado durante el secuestro. 

Las amenazas siguieron... 

El 13 de octubre de 1999 apareció en el Centro Pro un mensaje anónimo con una amenaza de bomba. Y el 28 de octubre de ese mismo año, Digna fue retenida durante unas horas por desconocidos en su propio domicilio, vendada de los ojos, atada a su cama y con un tanque de gas abierto a un lado. Al día siguiente, en la oficina del Centro Pro se encontró una carpeta que decía “Poder Suicida”.

El día de su muerte, Ochoa se encontraba en su despacho en la CDMX. Se preparaba para reunirse más tarde con su pareja, según las investigaciones. Cuando la encontraron sin vida, Digna portaba unos guantes de látex de color rojo sobrepuestos en las manos y un polvo blanco en ambas manos. En la escena se encontró también un escrito con la amenaza de asesinar a alguien más si seguían.

A pesar de eso, las autoridades capitalinas concluyeron que Digna se había suicidado. 

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Los actores clave

Si bien inicialmente las investigaciones giraron en torno a un posible homicidio, el 28 de junio de 2002, luego de que se creara una Fiscalía especializada para este caso, uno de los peritos de la entonces PGJDF realizó un análisis psicológico de Digna y concluyó que “se encontraba en una condición vulnerable como para atentar contra su vida”.  

Según el dictamen de peritos oficiales, la hipótesis del suicidio se fortalecería porque el arma homicida era de Digna.

El 6 de mayo de 2003, los familiares ofrecieron a la fiscalía pruebas periciales en medicina forense, criminalística y química forense que apuntaban a que Digna no tenía intenciones de suicidarse, pero todas fueron rechazadas o incluidas parcialmente. 

Esto, incluso después de varios juicios que interpuso la familia para que se reconocieran las pruebas que ellos ofrecían.

Miguel Ángel Mancera, entonces procurador, declaró cerrado el caso 10 años después (2011) e impidió así que la familia de Digna interpusiera nuevos alegatos contra la Procuraduría.

“El caso de Digna es emblemático por varias razones, no sólo porque su crimen fue cometido contra una defensora y mujer, sino por el papel de las autoridades. Tenemos una investigación plagada de estereotipos de género, que no es objetiva, es una ‘sobreinvestigación’ de 40 mil hojas no útiles que hizo la Procuraduría para fortalecer un perfil de Digna”, explicó la abogada Karla Michel Salas, quien participa en la defensa del caso que se espera sea atraído por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero, de acuerdo con Salas, dos motivos centrales obstaculizaron la justicia. Uno de ellos es de carácter estructural, como ella dice, ya que se demostró una falta de funcionamiento de las instituciones y se negó la participación real de las víctimas en las investigaciones.

De hecho, señaló la abogada, la familia vivió un gran desgaste porque mientras le daba seguimientos a las investigaciones del caso tuvo que emprender, al mismo tiempo, litigios contra las autoridades que se suponía que debían procurarles justicia. 

El otro obstáculo, según Karla Michel, fue político, ya que una de las principales líneas de investigación apuntaban al Ejército que, en ese momento, era prácticamente intocable y las autoridades de gobierno se negaron a confrontarse con esa institución.

Se institucionalizó la impunidad

A casi dos décadas del asesinato de Digna, la familia no sólo no ha obtenido justicia, sino que las autoridades responsables de garantizarla, escalaron en las instituciones de gobierno.

Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera se convirtió en jefe de Gobierno de la CDMX. En su sexenio, asesinaron más mujeres que en ningún otro del que se tengan cifras disponibles. Además ocurrió el llamado “multifeminicidio de la Narvarte” contra cuatro mujeres, una de ellas activista, y un fotoreportero. 

En ese periodo también ocurrió el asesinato de Lesvy Berlín. Un caso emblemático, pero no el único, en el que la PGJCDMX filtró información sobre la víctima y aseguró, antes de investigar, que se había suicidado bajo los efectos de las drogas. 

Pero Mancera no es el único

Cuando asesinaron a Digna, Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la capital y hoy es presidente de México; y el que entonces era procurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, fue propuesto por López Obrador en la terna para encabezar, primero, la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Mientras estos actores avanzaban en la política, esa misma mala forma de investigar o de integrar una investigación que mostró la PGJCDMX en el caso de Digna, lo vemos actualmente en otros casos. Por ejemplo, en el caso de Narvarte, se criminalizó a las víctimas al filtrar información, sostiene Michel Salas.

“El caso de Digna fue un detonante, nos permitió saber que en la PGJCDMX persiste una conducta de no-investigación y que en el caso de víctimas mujeres hay un agravante adicional que es la estigmatización”, señaló la abogada.

La transformación

Sin embargo, algo que también cambió en estas casi dos décadas desde la muerte de Digna es que ahora hay un movimiento de mujeres y de familiares que están exigiendo justicia, principalmente mujeres que buscan a sus hijas.  

“La pérdida de una hija es dolorosa. A veces las familias no pueden terminar de vivir su duelo. Son mujeres admirables que transforman su dolor en indignación y coraje, que les permite continuar y hacer esta exigencia de justicia”, observó la entrevistada. 

Y agregó que ahora que la Procuraduría se convierte en Fiscalía, la ciudadanía “tiene que estar al pendiente para hacer un cambio de estructura en lo sustantivo”. Es necesario supervisar los métodos de investigación que históricamente no han funcionado, según se ve reflejado en los índices de impunidad.

En septiembre pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX entregó a una veintena de familiares de víctimas cuatro recomendaciones contra la PGJCDMX, porque durante las denuncias de hechos de feminicidio, violencia sexual, violencia en los hogares, acoso y hostigamiento sexual, estigmatizaron a las mujeres, tras asegurar que fue suicidio sin investigar y no informaron a la familia los hechos.

Las recomendaciones se entregaron en una sala que lleva el nombre de Digna Ochoa.

Nacida y muerta digna (1964-2001)

Ante el martirio de quien dignificó la profesión y prefirió morir por postular su abogacía de pie, a litigar de rodillas, reclamamos una solución humanista pero agresivamente radical

Por Héctor Rodríguez Espinoza

ASESINATO.- El 19 de octubre del año 2001, presidencia de Vicente de Fox, en la capital de la República bajo jefatura de Andrés Manuel López Obrador, sucedió un dramático asesinato con dos balazos, a sus 37 años de edad, de Digna Ochoa y Plácido, religiosa y abogada mexicana, defensora de los Derechos Humanos desde la ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que movió el tapete a la conciencia moral y jurídica de la parte más sana de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional.

Dado el vínculo entre la protección y defensa de los Derechos Humanos de la primera, segunda y tercera generación, y la Democracia, como supremo valor de la Filosofía y de la Teoría del Estado de Derecho o Ciencia Política, estimo necesario recordarlo con respeto.

Abogado

Una de las profesiones históricamente más demandadas en América Latina es la abogacía. Si la razón fuera la vocación humanista por el Derecho como instrumento para alcanzar la verdad y la justicia en la sociedad, entre ésta y sus gobiernos y entre las naciones, ¡qué bien que así ocurriera! Pero en ese hormiguero que satura la matrícula de las Universidades públicas y privadas y el foro y la judicatura, es garbanzo de a libra descubrir a un discípulo/abogado que rescate la milenaria filosofía de nuestra ciencia, imbíbita en las Constituciones políticas y en Códigos y en los criterios de los escasos buenos policías, Agentes del Ministerio Público, Fiscales de Justicia, Jueces, Magistrados y Ministros.

En esta selecta nómina ocupaba un sitio de honor —a pesar de su juventud— una humilde joven de Misantla, Veracruz, religiosa y discípula de la Universidad de Veracruz y comprometida con la riesgosa causa de los Derechos Humanos de primera, segunda y tercera generación, desde una ONG jesuita, el Centro Miguel Agustín Pro: la abogada Digna Ochoa, “negrita”, el color de la tierra.

En mis cuatro décadas de enseñanza universitaria a miles de alumnos, son contados aquellos en cuyos ojos he encontrado el brillo del idealismo y la actitud perpetua de transformar nuestra realidad. Y de esos pocos, muchos abdican de sus afanes juveniles, tan pronto paladean el dulce encanto de la pequeña burguesía, que tanto combatían. Pero cada década aparece la pepita de oro. Digna era una de ellas. Claro que con su filiación hacia donde la naturaleza aloja al corazón humano, convencida de que cuando la anarquía, el despotismo o el menosprecio a la condición del hombre sacuden las instituciones y hacen temblar los derechos individuales, entonces la abogacía es militancia —pacífica y legal, pero valiente— en la lucha por la libertad.

Ciertamente no estaba obligada a ejercer con la cómoda seguridad con la que ejercemos la mayoría de nosotros, ni nosotros lo estamos a ejercer con los riesgos mortales, como ella lo hizo como su proyecto de vida y opción jurídica preferencial por los pobres. Pero eso no debe ser razón para nuestra indiferencia hacia su sacrificio, con el cómodo: “quién le manda… ¡se lo advirtieron…”!

Dilema

La lucha judicial es lucha de aserciones y no de vacilaciones. La duda es para antes y no para después de aceptar la causa. Cuenta Péguy que un día se quedó impresionado viendo a su madre componer una silla. Era tal la prolijidad, el escrúpulo, la amorosa atención con que ella cumplía su humilde artesanía, que el hijo le expresó su admiración. La madre le dijo: el amor por las cosas invisibles hace que deben repararse con el mismo escrúpulo que las partes visibles; las catedrales de Francia son las catedrales de Francia porque el amor con que está hecho el ornamento externo, es el mismo con que están hechas las partes ocultas.

Precedente

Cuando en 1990 fue asesinada la abogada Norma Corona Sapiens, en Culiacán, Sinaloa, la indignación nacional obligó al Presidente Salinas a crear las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos. Entonces y ahora, ¿qué se puede crear? ¿O habría qué refundarlas, para sacarlas de su inopia burocrática o de botín partidista?

El gobierno federal anunció que abriría todos los archivos que ayudasen a esclarecer el crimen, por voz del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. En breve entrevista al término del encuentro que el presidente Vicente Fox sostuvo con integrantes de organismos defensores de los derechos humanos, Creel dijo que el asesinato de Digna Ochoa era un fuerte agravio contra la sociedad y, a la vez, un reto para el nuevo gobierno. Esta administración, señaló, deberá demostrar que es capaz de establecer un verdadero Estado de Derecho, y para eso deberá aclararse este crimen. Todos los archivos en poder del Gobierno federal se pondrán a disposición de las autoridades de justicia para avanzar en las investigaciones, aseveró. Asimismo, anunció que el 29 de octubre siguiente arrancaría una mesa de trabajo en la dependencia a su cargo, en la que se revisarían los casos de agravios en contra de defensores de derechos humanos.

En entrevista con Proceso, Manuel Álvarez Icaza, Presidente de la CDHDF, refirió que días antes del asesinato había comentado públicamente que el trabajo del organismo a su cargo iba a ser de extremos: que iría de los sueños y las utopías a los dramas y las miserias. Ahora, comentó, el crimen de Digna “nos mandó en línea recta a los dramas y las miserias”. Además, “fue un campanazo, un regreso al pasado, a situaciones de violencia que creíamos superadas”.

Guerra Sucia

Era la guerra sucia de misma mano negra —¿paramilitar?— culpable y —lo peor— impune, de la dinámica criminal de los años 60 y 70 y de los crímenes del Cardenal Posadas, de Luis Donaldo Colosio, de Francisco Ruiz Massieu, Acteal, Aguas Blancas, El Charco y otros que nos mataban las alas del corazón y la confianza en el ser humano y en las instituciones de justicia.

Naciones Unidas

Apenas en noviembre de 1999, hacía 23 meses, luego de intensa gira de trabajo por distintas regiones de México, Mary Robinson, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sintetizó en unas líneas lo que vio: “Impunidad gubernamental y castrense, problemas de impartición de justicia, exclusión de grupos indígenas, asesinatos colectivos y crímenes políticos; creciente actividad de grupos paramilitares, ataques generalizados contra los derechos humanos y una opresiva presencia militar en Chiapas”.

Contundente el resumen del México de 1999 presentado por la funcionaria, insistía en que la credibilidad ciudadana “se perdió” por agravios como esos. Preocupante, el “retrato” dibujado por Mary Robinson no era, en ese noviembre de 1999, lo más grave, pues ese mismo retrato siguió vivo, a pesar del cambio empujado por la sociedad el 2 de julio.

Indignación

La indignación unánime fue elocuente: Amnistía Internacional, la Alta Comisionada para Derechos Humanos ONU, el Departamento de Estado de EE.UU., la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y las más prestigiadas ONG e inteligencias de fuera y de dentro del País.

A las incertidumbres por la depresión económica nacional —de causas internas y externas— y al re acomodo de las fuerzas políticas y partidistas, después del hito electoral del 2 de julio del año 2000, se sumaba este hecho que, aun siendo de sólo una persona (de las cientos que mueren víctimas de hambre, enfermedad, delitos o accidentes), por su siniestro simbolismo podría significar una crisis de gobernabilidad, por la prioridad que tenían, para el pueblo, el disfrute de seguridad pública y la confianza en los cuerpos policíacos, Agentes del Ministerio Público, Jueces, Magistrados, desde el poder público; y medios masivos de comunicación y abogados defensores o coadyuvantes en la procuración e impartición de la Justicia en México.

José Saramago

El Premio Nobel de Literatura lo denunció: “La parte sana y honesta de la sociedad —y de la abogacía/HRE— mexicana no necesita preguntarse por qué se ha cometido el crimen infame que le dio muerte. No necesita que le digan que los asesinos han matado cumpliendo órdenes de mexicanos para quienes la defensa de los derechos humanos, venga de donde venga, es el enemigo a abatir. Hay que descubrir a quien mató, hay que descubrir a quien mandó matar. Si la policía, si el gobierno, si el presidente Fox no lo hacen ya, si la verdad no sale a la luz pronto, la incipiente democracia en México puede empezar a tambalearse. El encubrimiento de quienes cometieron el crimen o la impunidad de quienes lo ejecutaron, significaría el comienzo de una corrupción nueva que, sin duda alguna, se alimenta en las raíces de la antigua. El asesinato de Digna Ochoa es una interpelación directa a la conciencia de los mexicanos: … ¿Y ahora qué, señor Presidente?”

Miguel Concha, La Jornada, 27 octubre del 2001, escribió que con toda razón la Red Nacional de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todos, 53 organizaciones ciudadanas defensoras de los Derechos Humanos en 18 estados de la República, expresó, citando a Hina Jilani, representante especial del secretario general de la ONU para los defensores de derechos humanos, que… “los defensores de derechos humanos son el termómetro más sensible de la democracia”. Se lamentó que las autoridades civiles superiores de la República en su conjunto no hayan tenido la sensibilidad humana y política para reaccionar unánimes y en público inmediatamente después de los hechos, encabezando la protesta general y espontánea de la sociedad, y asegurando desde el primer momento su enérgico rechazo y su voluntad para esclarecerlos debidamente, pues como también declaró Irena Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, ese mismo día, “mucho han hablado las nuevas autoridades mexicanas de la importancia de los derechos humanos”, y este es el momento “de convertir estas expresiones públicas en cambios reales para todos los que están trabajando a favor de ellos en México”, pues “ese es el desafío fundamental como primer paso para asegurar la justicia y el fin de la impunidad” en el país. Había llegado, pues, la hora de traducir en hechos las promesas, los ofrecimientos y las declaraciones. Este era el momento para establecer por fin una política integral de Estado en derechos humanos, coherente a nivel interno y externo, como se demandó a todos los candidatos durante las campañas electorales.

Barbarie

Ante el martirio de quien dignificó la profesión y prefirió morir por postular su abogacía de pie, a litigar de rodillas, reclamamos una solución humanista pero agresivamente radical, como la única posibilidad de salida frente a lo que hoy ocurre, pues el incipiente bono y transición democrática mexicana seguiría siendo -¿hasta cuándo?- una asignatura pendiente.

Luchadores vivos y no mártires es lo que esa causa y el país necesitan. Pero hay sangres de inocentes, derramadas desde la traición por los judas iscariotes de los grupos para policíacos, que han abonado los arados surcos de las comarcas de la verdad, de la armonía y de la justicia social mexicana. Así fue, toda proporción guardada, la de Jesús de Nazareth, sin duda el hombre más universal; la de Ghandi; y la de Martin Luther King, para citar sólo casos geográfica e históricamente paradigmáticos. La sangre de Digna Ochoa debe ser de esas.

¡Que así sea!

18 años sin Digna Ochoa

A 18 años de su ejecución extrajudicial te seguimos recordando y tomando tu ejemplo de lucha.