lunes, 21 de octubre de 2019

Digna Ochoa: 18 años de violencia de la Procuraduría contra familias de las víctimas

¿La autoridad: experta en simular suicidios?

Oct 17, 2019
por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa










El 19 de octubre de 2001, la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido fue encontrada muerta con varios disparos en su despacho de la Ciudad de México. 
Pese a las amenazas previas que había recibido, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó que se había suicidado, que era inestable emocionalmente y que ella misma había plantado todo para fingir su propio homicidio. 
El caso de Digna está hoy en la antesala de tribunales internacionales para determinar si el gobierno mexicano violó los derechos de su familia al acceso a la justicia. 
Además, lo que parecería ajeno pero no lo es, es que los personajes políticos que estuvieron involucrados en 2001, ahora siguen en el poder. 

¿Quién era Digna Ochoa?

Durante décadas de litigio, las autoridades capitalinas se negaron a escuchar a la familia de Digna, que viajó desde Veracruz (de donde ella era originaria) a la capital del país para exigir que su muerte se investigara como un asesinato político, derivado de su labor como activista.
Esto porque desde la década de 1980, Digna acompañó legalmente varios casos en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, muchos de ellos, en los que estaban involucrados militares o agentes de seguridad. 
Algunos de esos casos fueron las masacres de  Aguas Blancas y el Charco (1995), en Guerrero; Acteal, en Chiapas (1997), y el de los ecologistas guerrerenses presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Antes de su muerte, Digna habría recibido amenazas. De acuerdo con los testimonios contenidos en el informe de admisibilidad del caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (del sistema de justicia internacional), el 9 de agosto de 1999, Digna fue secuestrada temporalmente por desconocidos, quienes le quitaron sus artículos personales.
El 3 de septiembre de 1999, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (conocido como Centro Pro), donde Digna trabajaba, recibió amenazas escritas. En uno de los sobres con las amenazas estaba una de las tarjetas personales de Digna y una credencial de elector que, al parecer, le habían quitado durante el secuestro. 

Las amenazas siguieron... 

El 13 de octubre de 1999 apareció en el Centro Pro un mensaje anónimo con una amenaza de bomba. Y el 28 de octubre de ese mismo año, Digna fue retenida durante unas horas por desconocidos en su propio domicilio, vendada de los ojos, atada a su cama y con un tanque de gas abierto a un lado. Al día siguiente, en la oficina del Centro Pro se encontró una carpeta que decía “Poder Suicida”.
El día de su muerte, Ochoa se encontraba en su despacho en la CDMX. Se preparaba para reunirse más tarde con su pareja, según las investigaciones. Cuando la encontraron sin vida, Digna portaba unos guantes de látex de color rojo sobrepuestos en las manos y un polvo blanco en ambas manos. En la escena se encontró también un escrito con la amenaza de asesinar a alguien más si seguían.
A pesar de eso, las autoridades capitalinas concluyeron que Digna se había suicidado

Los actores clave

Si bien inicialmente las investigaciones giraron en torno a un posible homicidio, el 28 de junio de 2002, luego de que se creara una Fiscalía especializada para este caso, uno de los peritos de la entonces PGJDF realizó un análisis psicológico de Digna y concluyó que “se encontraba en una condición vulnerable como para atentar contra su vida”.  
Según el dictamen de peritos oficiales, la hipótesis del suicidio se fortalecería porque el arma homicida era de Digna.
El 6 de mayo de 2003, los familiares ofrecieron a la fiscalía pruebas periciales en medicina forense, criminalística y química forense que apuntaban a que Digna no tenía intenciones de suicidarse, pero todas fueron rechazadas o incluidas parcialmente. 
Esto, incluso después de varios juicios que interpuso la familia para que se reconocieran las pruebas que ellos ofrecían.
Miguel Ángel Mancera, entonces procurador, declaró cerrado el caso 10 años después (2011) e impidió así que la familia de Digna interpusiera nuevos alegatos contra la Procuraduría.
“El caso de Digna es emblemático por varias razones, no sólo porque su crimen fue cometido contra una defensora y mujer, sino por el papel de las autoridades. Tenemos una investigación plagada de estereotipos de género, que no es objetiva, es una ‘sobreinvestigación’ de 40 mil hojas no útiles que hizo la Procuraduría para fortalecer un perfil de Digna”, explicó la abogada Karla Michel Salas, quien participa en la defensa del caso que se espera sea atraído por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Pero, de acuerdo con Salas, dos motivos centrales obstaculizaron la justicia. Uno de ellos es de carácter estructural, como ella dice, ya que se demostró una falta de funcionamiento de las instituciones y se negó la participación real de las víctimas en las investigaciones.
De hecho, señaló la abogada, la familia vivió un gran desgaste porque mientras le daba seguimientos a las investigaciones del caso tuvo que emprender, al mismo tiempo, litigios contra las autoridades que se suponía que debían procurarles justicia. 
El otro obstáculo, según Karla Michel, fue político, ya que una de las principales líneas de investigación apuntaban al Ejército que, en ese momento, era prácticamente intocable y las autoridades de gobierno se negaron a confrontarse con esa institución.

Se institucionalizó la impunidad

A casi dos décadas del asesinato de Digna, la familia no sólo no ha obtenido justicia, sino que las autoridades responsables de garantizarla, escalaron en las instituciones de gobierno.
Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera se convirtió en jefe de Gobierno de la CDMX. En su sexenio, asesinaron más mujeres que en ningún otro del que se tengan cifras disponibles. Además ocurrió el llamado “multifeminicidio de la Narvarte” contra cuatro mujeres, una de ellas activista, y un fotoreportero. 
En ese periodo también ocurrió el asesinato de Lesvy Berlín. Un caso emblemático, pero no el único, en el que la PGJCDMX filtró información sobre la víctima y aseguró, antes de investigar, que se había suicidado bajo los efectos de las drogas. 

Pero Mancera no es el único

Cuando asesinaron a Digna, Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la capital y hoy es presidente de México; y el que entonces era procurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez, fue propuesto por López Obrador en la terna para encabezar, primero, la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Mientras estos actores avanzaban en la política, esa misma mala forma de investigar o de integrar una investigación que mostró la PGJCDMX en el caso de Digna, lo vemos actualmente en otros casos. Por ejemplo, en el caso de Narvarte, se criminalizó a las víctimas al filtrar información, sostiene Michel Salas.
“El caso de Digna fue un detonante, nos permitió saber que en la PGJCDMX persiste una conducta de no-investigación y que en el caso de víctimas mujeres hay un agravante adicional que es la estigmatización”, señaló la abogada.

La transformación

Sin embargo, algo que también cambió en estas casi dos décadas desde la muerte de Digna es que ahora hay un movimiento de mujeres y de familiares que están exigiendo justicia, principalmente mujeres que buscan a sus hijas.  
“La pérdida de una hija es dolorosa. A veces las familias no pueden terminar de vivir su duelo. Son mujeres admirables que transforman su dolor en indignación y coraje, que les permite continuar y hacer esta exigencia de justicia”, observó la entrevistada. 
Y agregó que ahora que la Procuraduría se convierte en Fiscalía, la ciudadanía “tiene que estar al pendiente para hacer un cambio de estructura en lo sustantivo”. Es necesario supervisar los métodos de investigación que históricamente no han funcionado, según se ve reflejado en los índices de impunidad.
En septiembre pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX entregó a una veintena de familiares de víctimas cuatro recomendaciones contra la PGJCDMX, porque durante las denuncias de hechos de feminicidio, violencia sexual, violencia en los hogares, acoso y hostigamiento sexual, estigmatizaron a las mujeres, tras asegurar que fue suicidio sin investigar y no informaron a la familia los hechos.
Las recomendaciones se entregaron en una sala que lleva el nombre de Digna Ochoa.