Ciudad de México. Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) cuestionaron a uno de los principales agentes del Ministerio Público participantes en las indagatorias de la muerte de la defensora Digna Ochoa y Plácido sobre los elementos que llevaron a concluir que la activista se suicidó.
Durante la audiencia del caso en el seno de ese tribunal regional, los jueces manifestaron su extrañamiento ante las falencias de la investigación, porque sólo se consideraron como “contexto” las amenazas y secuestro que sufrió la defensora de derechos humanos previo al acto donde perdió la vida (el 19 de octubre de 2001), las deficiencias para el adecuado manejo de la escena y el cadáver, entre otros.
Este lunes se desarrolló la primera de dos partes de la audiencia –durante el 141 periodo ordinario de sesiones de la CoIDH— para analizar el asunto Digna Ochoa y familiares contra el Estado mexicano, después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara al tribunal la atracción del caso, debido a que a casi 20 años de los hechos no hay claridad sobre el presunto crimen de la activista.
Como parte de los testigos citados por la representación del Estado mexicano, participó en la audiencia José Antonio Pérez Bravo, quien estuvo al frente de parte de las indagatorias que llevó la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, cuya conclusión fue que Ochoa y Plácido se suicidó, pese a que se registraron tres disparos, uno de ellos que impactó en su pierna y otro en su cabeza.
El juez Eugenio Raúl Zaffaroni le espetó: "¿Cómo explica un suicidio con tres disparos?”. A lo que Pérez Bravo respondió: “Se nos dijo que Digna Ochoa accionó el arma en el sillón como una prueba de sonido, para ver si se acercaba una persona; después disparó en la pierna y en un tercer momento en el cráneo”.
El ex funcionario señaló que como parte de las indagatorias se siguieron varias líneas de investigación relacionadas con el trabajo de Ochoa y Plácido para descartar un crimen, como la defensa que hacía de otros activistas en Guerrero, la posible responsabilidad de militares, su entorno familiar y emocional, entre otras.
Aceptó fallas en el resguardo de la escena de los hechos y en el manejo del cadáver, y reconoció que las amenazas que pesaban sobre la activista y actos de intimidación y agresión que sufrió con anterioridad al día de los hechos (entre ellos un secuestro) sólo fueron considerados en las investigaciones como mero “contexto”.
La presidenta de la CoIDH, Elizabeth Odio Benito, cuestionó si se habían analizado las manos del cadáver de la activista para determinar si hubo o no rastros de pólvora (como se da cuando una persona acciona un arma de fuego), a lo que el testigo del Estado mexicano contestó que el cuerpo tenía guantes de látex y por tanto las pruebas de balística fueron negativas en el uso de un arma.
“¿Usted me dice que una persona que se va a suicidar se pone guantes?, dijo sorprendida la presidenta del tribunal interamericano, a lo que Pérez Bravo respondió: “En este caso así fue”.
La familia de Digna Ochoa y sus representantes legales insistieron que el análisis del caso en el seno de la CoIDH representa una oportunidad para que se ordene al Estado mexicano investigar la muerte de la activista, de forma independiente, imparcial y libre de estereotipos de género, con miras a revindicar su imagen, trabajo y memoria.
“La posible resolución de la Corte IDH es una oportunidad para que México fortalezca la institucionalidad para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo la creación de instancias y protocolos especializados para la investigación de delitos contra personas defensoras”.
Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna, detalló el largo proceso que ha emprendido la familia para buscar justicia a casi 20 años de los hechos y confió en que la sentencia de la Corte pueda dar verdad y tranquilidad a su familia, así como castigo a los responsables de lo que él consideró fue un crimen, al igual de a quienes participaron en las indagatorias.
El Estado mexicano estuvo representado por Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien a nombre de las autoridades manifestó su solidaridad con la familia de la activista y “reiterarle la convicción y compromiso que nos unen en la búsqueda de la justicia y la verdad”.
Como parte de esta primera parte de la audiencia, que continuará mañana, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, presentó un informe por escrito sobre el contexto que en México enfrentaban los defensores de derechos humanos entre 1995 y 2005.
Y alertó que la situación y riesgos contra éstos se ha agudizado en los últimos años, pues los crímenes en su contra están en impunidad y la violencia va a la alanza, tan sólo en lo que va del gobierno actual, dijo, han sido asesinados 45 activistas.
Mañana continuará la audiencia con la presentación de otra perito experta, la colombiana Ángela Buitrago y los alegatos finales tanto de los representantes legales de las víctimas como de los funcionarios del Estado. Y se espera que entre octubre y noviembre de este año, la CorIDH emita la sentencia del caso
